3. Una persona, un voto

Cuando se le pregunta a cualquier persona inmigrante si le gustaría votar en España la respuesta es tajante: “sí”. Y es que un acto tan aparentemente sencillo como depositar el voto en la urna es la llave de la ciudadanía, es decir, de convertirse en sujeto de derechos, en nuestras sociedades supuestamente democráticas. No en vano el derecho al voto es uno de los Derechos Fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Acaso se puede sustraer a una persona la facultad de decidir sobre las políticas que afectarán a su futuro?

En España, debido a la visión instrumental de la inmigración como mero recurso económico, se han obviado durante años los derechos de millones de inmigrantes que viven en el país. Y ello pesar de las campañas que diversas organizaciones sociales llevan poniendo en marcha en los últimos años denunciando esta situación injusta. Esta discriminación legal resulta más acuciante si cabe en el caso de quienes ‘tienen papeles', a quienes el Estado reclama sus impuestos y, sin embargo, niega las mínimas garantías democráticas.

El Partido Socialista ha abierto la puerta en su último cónclave, celebrado hace apenas unas semanas, a una tímida reforma que afectaría a una pequeñísima parte de la población afectada. ¿En qué consiste? Para empezar lo que se plantea es el voto en las elecciones municipales, el nivel más local de las estructuras de gobierno del Estado, tal y como sucede desde hace años en países como Holanda, Suecia, Dinamarca o Irlanda. Y, por supuesto, quedan excluidos quienes no poseen la residencia legal en España.

Con las cifras en la mano, y dado que las personas que provienen de la Unión Europea ya tienen reconocido este derecho, la medida afectaría a 2,6 millones de personas. Pero aún hay que efectuar nuevas restas: de acuerdo con el artículo 13.2 de la Constitución española: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad , pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".

Al establecer la condición de “reciprocidad”, es decir, que allí puedan votar también los españoles, no sólo se dificulta el acceso al derecho, sino que se está gravando además a quienes provienen del castigo de los regímenes más autoritarios, como Guinea o Birmania, haciendo pagar a las personas los desmanes de sus gobiernos.

Además, en España, quedarían excluidas las comunidades mayoritarias: marroquíes (675.906 personas), ecuatorianos (413.642) y chinos (126.057). El motivo es que en Ecuador su Constitución no permite de momento el voto de los extranjeros en ninguna de las elecciones; con Marruecos no existe convenio alguno en ese sentido; y en la China comunista sólo se vota a los representantes del Partido en un nivel muy local.

Quienes sí podrían beneficiarse de aprobarse la propuesta legislativa serían los argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos o colombianos entre otros. En total, se calcula que aproximadamente 1.3 millones de personas podrían ejercer el voto en las municipales. Pero la cuestión continúa abierta, ¿acaso el reconocimiento de un derecho fundamental puede condicionarse a las actitudes de otros países? Y es más, ¿con qué legitimación moral puede sostenerse la discriminación de derechos entre personas en función de su país de origen?

De momento, inmigrantes y organizaciones sociales ya han reclamado una reflexión más profunda con respecto a la medida. El presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, Kamal Rahmouni, advirtió que la normativa de la reciprocidad supondría una segregación entre los extranjeros con derecho al sufragio y quienes no lo disfrutan. Al tiempo que diversas organizaciones sociales se han sumado a un colectivo en defensa del voto de las personas inmigrantes que, bajo el lema, ‘Tod@s Ciudadan@s' reclama la revisión del artículo 13.2 de la Constitución.

En cualquier caso aún quedan largos meses de debate. Las próximas elecciones municipales españolas no se celebrarán hasta el año 2011. Antes de esa fecha será preciso aprobar una propuesta legislativa que, previsiblemente, llegará al Congreso de la mano del PSOE para ser discutida en el mes de septiembre. ¿Se mantendrán las discriminaciones?

Por Diana García

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